lunes, 25 de febrero de 2013

El ayuntamiento de Torremolinos subvencionó con miles de euros el genocidio animal


Pagaron decenas de miles de euros a la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales de Torremolinos Parque Animal, dirigida por Carmen Marín, imputada por la presunta muerte ilegal de casi 3.000 perros y gatos en apenas dos años tras su detención en 2010. En 2001 se le había dado la concesión del servicio de recogida, transporte y albergue de animales perdidos y abandonados en el municipio, cuyas instalaciones fueron construidas también en terrenos de titularidad municipal en la finca La Pellejera. Incluso el propio alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, firmó y defendió en una comisión de gobierno una moción para autorizar a la directora del centro una ayuda de 6.000 euros para esterilizar a gatas callejeras.

Esta asociación constituida sin ánimo de lucro, que presuntamente pagó entre 2005 y 2006 unos 55.487 euros en varios cheques y sin factura a una empresa propiedad del hermano y del sobrino del regidor de Torremolinos por una obra realizada en Parque Animal y que aparece en un informe realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la guardia civil y que obra en manos del juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos, recibía una cuantía anual por la prestación del servicio municipal que tenía concedido, además de subvenciones puntuales, por ejemplo, para campañas llevadas a cabo supuestamente para la esterilización de gatos abandonados u obras en las instalaciones.

La investigación llevada a cabo hasta el momento no ha podido determinar la totalidad de la cantidad de dinero que la protectora recibió de parte del ayuntamiento desde 2001. Pero sí constan varios documentos, a los que ha tenido acceso Málaga Hoy (de donde copiamos esta noticia), en los que la directora de Parque Animal solicitó al consistorio dos subvenciones consecutivas por importe cada una de ellas de 6.000 euros para este fin el 10 de diciembre de 2001 y el 26 de marzo de 2002. En septiembre de ese mismo año, Fernández Montes presentó y firmó una moción en la comisión de gobierno del ayuntamiento para proponer una subvención de 6.000 euros para la continuación de la campaña de esterilización de gatas dado, añade textualmente el documento, que "es un método de control de poblaciones menos cruento que la eutanasia".

Sobre la cuantía que la directora de Parque Animal recibía cada año desde que en 2001 le fue concedido el servicio municipal de recogida de animales abandonados, variaba según el presupuesto presentado cada año. Solamente para 2006, la cantidad presupuestada por la protectora para prestar el servicio de recogida y albergue de los perros y gatos encontrados en el municipio ascendía a 24.875,75 euros, según asegura la propia Carmen Marín en su petición remitida al ayuntamiento, y calculado según "el estudio realizado sobre la base de nuestra experiencia".

En 2010, justo el año en el que el Seprona destapa el exterminio de animales en esas instalaciones, el pliego de condiciones técnicas elaborado por la delegación de Medio Ambiente para la contratación del servicio establecía para la adjudicataria un importe de 26.542,62 euros, más el IPC anual. Pero además del presupuesto anual del servicio y de las subvenciones puntuales, el ayuntamiento de Torremolinos, y según consta en facturas incluidas en las diligencias que el Seprona remitió hace dos años al juez que instruye el caso del presunto maltrato animal, también se hacía cargo del pago de los gastos derivados de la incineración de los animales que presuntamente Carmen Marín sacrificaba "de forma masiva e injustificada" utilizando supuestamente un producto eutanásico en bajas cantidades que les hacía agonizar durante horas.

Para poder justificar el masivo sacrificio, según las diligencias, la directora del centro llegó supuestamente a falsificar la firma de veterinarios haciendo un uso fraudulento del número de colegiado y del sello oficial en los listados de animales sacrificados e incinerados que remitía al ayuntamiento de Torremolinos y por los que cobraba por los gastos ocasionados.

Solamente en agosto de 2010, Parque Animal envió al área de Medio Ambiente del Consistorio una factura de 1.691,28 euros por la incineración por parte de la residencia canina Paraíso, con sede en Alhaurín de la Torre, de unos 170 perros y gatos que habían sido previamente sacrificados.

El Seprona también descubrió que Parque Animal presuntamente cobraba de forma sistemática 60 euros en concepto de tasas de mantenimiento a las personas que entregaban un animal, algo no permitido para las asociaciones sin ánimo de lucro. Todos esos ingresos que presuntamente recibía, unidos a las herencias de algunas personas y los donativos de otros que voluntariamente que querían ayudar a la protectora, hicieron que la recogida de animales se convirtieran en un negocio criminal.

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