veganxs: Después de un año, sigue abierto el proceso contra los animalistas detenidos el 22 de junio de 2011 (extraído de la web de Igualdad Animal).

Hoy se cumple un año del golpe represivo que el movimiento de derechos animales sufrió en el Estado español en 2011. El 22 de Junio de 2011,miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entraron en las casas de 12 activistas en distintos puntos del Estado español (Madrid, Asturias, Euskadi y Galicia), en una operación sin precedentes en la que se imputaba a 12 activistas, la mayoría de ellos con cargos de responsabilidad en dos de las organizaciones animalistas más importantes del estado: Igualdad Animal yEquanimal.

El juez Vázquez Taín, del juzgado de instrucción Nº2 de Santiago de Compostela, instruye este caso, y las imputaciones tienen relación con sueltas masivas de visones de 2007 y 2009 en las que los activistas imputados no hemos participado. Asimismo, a los activistas se nos imputan presuntos delitos de daños, allanamiento y asociación ilícita, entre otros.

Estamos ante un proceso lleno de irregularidades, en la que tres activistas pasaron 19 días en prisión preventiva hasta que la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación presentado por los abogados de los activistas y los puso en libertad el 13 de Julio, indicando en el auto de libertad que “no concurre ninguno de los fines que constitucional y legalmente justifican la prisión provisional”.[1]

Un día después de las detenciones, el juez Vázquez Taín declaraba a la agencia de noticias Europapress “esto no es ecología, causan terror, y algunas explotaciones se han visto obligadas a cerrar a raíz de todas estas acciones”, unas declaraciones inaceptables proviniendo del juez que instruye el caso y que mostraban su parcialidad en el mismo. [2]

Asimismo, la Audiencia Provincial admitió los razonamientos del recurso de apelación en el cual solicitábamos el levantamiento del secreto de sumario. En el auto de la Audiencia Provincial se indicaba que "el carácter excepcional de la medida, puesto de relieve por instructor, obliga a justificar y razonar su habilitación o su prórroga", y se ordenaba al Juzgado de Instrucción el fundamentar los motivos concretos por los que el secreto debía ser mantenido en cada diligencia. Debido a que el Juzgado de Instrucción no fue capaz de fundamentar su decisión, el secreto de sumario fue levantado.

Cuando pudimos acceder al sumario, que estuvo secreto durante varios meses, presentamos recusación al juez que instruye el caso[3], ya que en uno de los interrogatorios a una de las imputadas indicaba que su padre tenia una granja de explotación animal: En el curso de la primera declaración de la imputada Olaia Freiría Mato el día 24 de Junio de 2011, el Sr. Magistrado hace el siguiente comentario: “Sí, las granjas de visones se suelen dejar la puerta abierta, es decir…, mi padre tuvo una granja y como fue lo que nos dio de comer a todos y éramos seis hermanos, pues claro, la dejaba siempre abierta, porque no pasaba nada…” (Minuto 38:02 de la grabación en vídeo y audio de la declaración, obrante en las actuaciones)

Algo, que unido a las declaraciones que hizo a los medios de comunicación, manifestaba claramente su parcialidad en el caso y consideramos un escándalo.

Ha pasado un año ya y el proceso sigue abierto. La sociedad y los medios de comunicación tienen que ser conscientes de que estamos ante un proceso que intenta criminalizar y frenar el avance del movimiento de derechos animales en el estado español, como ya ha sucedido en otros países: Austria, Estados Unidos , Inglaterra... Las investigaciones que hemos llevado a cabo activistas de Igualdad Animal y Equanimal han mostrado a la sociedad española la realidad de las granjas de visones [4], investigaciones de alto impacto mediático que han sensibilizado a las personas para posicionarse en contra de estos crueles negocios. Nos enfrentamos a lobbies económicos muy poderosos, que no desean que la sociedad conozca el sufrimiento de los animales y que sus negocios se vean perjudicados.

Los activistas nos enfrentarnos a posibles penas de prisión por defender pacíficamente a los animales y por mostrar el horror que padecen diariamente en granjas y otros centros de explotación animal. Hacemos un llamamiento a la sociedad para solidarizarse con los activistas que estamos sufriendo este proceso injusto que pretende acallar nuestra voz, que es la voz de los animales explotados y masacrados.

Este proceso irregular supone un nuevo intento de reprimir cada vez más a activistas y organizaciones. Un ejemplo de esto es la reciente propuesta del Ministerio del Interior de considerar la resistencia pasiva como atentado contra la autoridad, lo que resultaría en nuevas restricciones de derechos fundamentales. Esta propuesta del Ministerio del Interior ha sido incluso rechazada por organizaciones formadas por miembros del poder judicial, como Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. Debemos solidarizarnos con los activistas víctimas de este proceso porque este no amenaza solo al movimiento de Derechos Animales, sino también a todos los ciudadanos y ciudadanas en lo relativo al ejercicio de sus derechos fundamentales de manifestación y de libertad de expresión.

Desde la campaña Unidos Contra La Represión, campaña que fue impulsada por los activistas detenidos, seguiremos trabajando para conseguir frenar esta criminalización del movimiento de derechos animales y por supuesto, no pararemos hasta conseguir la absolución de todos los activistas imputados.